Un análisis de InSight Crime sobre las tendencias más importantes del crimen organizado en el continente americano durante todo el año muestra que la pandemia no frenó sus operaciones; en México las extorsiones y robos de medicamentos continuaron.
Por Steven Dudley y Jeremy McDermott
Ciudad de México, 25 de diciembre (InSight Crime).- La pandemia por COVID-19 cambió la forma de operar del crimen organizado en el continente americano en 2020, de acuerdo con un análisis de InSight Crime. En México, por ejemplo, cárteles se atribuyeron la repartición de despensas y se registraron robos de medicamentos que avivaron el temor de que las bandas de robo y reventa se estuvieran volviendo más sofisticadas y violentas.
Como el resto del planeta, el hampa sufrió un revolcón por la llegada del mortal virus COVID-19. Sin embargo, los criminales lograron adaptarse a la situación y reaccionaron mucho más rápido que el resto del mundo.
El coronavirus afectó a América Latina y el Caribe de una manera más fuerte que a otras zonas del planeta. La región concentra alrededor del nueve por ciento de la población mundial, pero registró cerca de un tercio de las muertes por el virus a nivel mundial. El progreso económico que durante treinta años había logrado reducir la pobreza se estancó, y ahora se percibe una tendencia a la inversa; asimismo, se teme que la economía de la región sufra una contracción de casi el 10 por ciento. A finales de año, la capacidad de los gobiernos para imponer restricciones, y la capacidad de los ciudadanos para adaptarse a ellas, prácticamente se han evaporado.
En este contexto, los criminales han buscado llenar los vacíos económicos y políticos generados por el virus. Desde el principio, grupos criminales de Brasil, pandillas de El Salvador y guerrilleros de Colombia impusieron sus propios toques de queda y cuarentenas. En Venezuela, grupos paramilitares ayudaron a las fuerzas de seguridad a mantener a la población confinada, y en Brasil algunos criminales intimidaron a los tenderos para que no aumentaran los precios de sus productos.
Los grupos criminales repartieron desinfectante de manos en las favelas de Río de Janeiro, y en El Salvador administraron los paquetes de asistencia proporcionados por el Gobierno. En México, el Cartel del Golfo repartió paquetes de ayuda marcados con sus logotipos, y el líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) supuestamente construyó un hospital. Las pandillas de Honduras hicieron rifas y utilizaron las ganancias para comprar alimentos para los más necesitados.
“Las pandillas cumplieron el papel que sabemos que siempre han desempeñado: fueron, en efecto, el gobierno”, dijo Juan José Martínez d’Aubuisson, antropólogo e investigador experto en pandillas, en comunicación con InSight Crime.
Muchos grupos criminales dieron un paso adelante, pero la mayoría de los gobiernos fueron incapaces de hacer frente a este desafío, en gran parte porque estaban invadidos por la corrupción y por su deseo de obtener beneficios personales en lugar del bien público. La democracia, la transparencia y la gobernabilidad eficiente, ya de por sí frágiles en muchas partes de la región, fueron duramente golpeadas por el COVID-19, lo que abrió mayores márgenes de maniobra para el crimen organizado.
Las protestas en Perú produjeron nuevos cambios en la Presidencia, en medio de un creciente desdén por el Congreso y de las investigaciones por corrupción en torno a todos los expresidentes vivos. El Congreso guatemalteco fue incendiado por manifestantes que protestaban por el despilfarro de los presupuestos de salud y educación por parte de políticos que, por otro lado, aumentaban el presupuesto para sus almuerzos. Los bolivianos protestaron ante el Gobierno interino de Jeanine Añez, lo que llevó a un retraso en las votaciones, y devolvieron el poder al partido del expresidente Evo Morales, quien había sido derrocado en 2019, después de varias protestas y en medio de acusaciones de manipulación de votos.
El Presidente Jair Bolsonaro les dijo a los brasileños que dejaran de ser un “país de maricones” por temor al virus, a pesar de que en el país hay seis millones de infectados, y amenazó con golpear a un reportero que se atrevió a preguntar por los escándalos de corrupción en torno a uno de sus hijos. México, al igual que Brasil, decidió ignorar la gravedad del virus, y en el país surgieron nuevas evidencias de corrupción en los altos niveles. En Venezuela continuó el desplome económico en medio de una creciente actividad criminal. La resiliencia de las naciones frente al crimen organizado en la región, que era débil antes del COVID-19, se debilitó aún más a lo largo del año.
La gobernanza criminal no es algo nuevo en Latinoamérica, pero algunas autoridades consideraron que podría ser una de las únicas maneras de mantener a raya al virus y a la concomitante calamidad económica.
“Tenemos que entender que estas son áreas donde el Estado suele estar ausente y los que mandan son los narcotraficantes y los grupos de milicianos”, dijo el ministro de salud de Brasil en una conferencia de prensa, después de sugerir que el gobierno negociara con los grupos criminales.
Sin embargo, la respuesta de los criminales no fue uniforme y mucho menos benévola. Mientras que la pandilla Barrio 18 les dio a los tenderos y a otras víctimas una tregua temporal en los pagos de las extorsiones poco después del inicio de la pandemia, los criminales de la zona de Tepito, en Ciudad de México, supuestamente advirtieron que cualquier cesación en los pagos tendría graves consecuencias.
Al igual que la población general, los grupos criminales pasaron por recesiones y sufrieron a causa de las cuarentenas. Además de la pérdida de ingresos por las extorsiones, los criminales mexicanos perdieron su acceso a precursores químicos y productos falsificados procedentes de Asia. Los precios de las drogas subieron y el tráfico de seres humanos se desaceleró en toda la región. Las ganancias criminales aumentaron en lugares como Los Ángeles y Argentina, donde las autoridades hicieron una serie de incautaciones récord de dinero en efectivo. Los miembros de pandillas carcelarias recluidos en países como Brasil y México estuvieron aislados de sus seres queridos, así como del contrabando que estos ingresan a las prisiones durante los días de visita.
En relación con la gran agilidad de los criminales para adaptarse a las cambiantes condiciones, los grupos criminales, tanto nuevos como antiguos, trataron de reponerse de sus pérdidas incursionando en nuevos negocios ilícitos o expandiendo los ya existentes. La producción de marihuana se incrementó en Paraguay, lo que llevó a un aumento de las incautaciones a lo largo de la frontera entre Paraguay y Argentina. Los casos de robo de petróleo también aumentaron. Y los traficantes de personas en Centroamérica comenzaron a cobrarles a sus víctimas por los viajes de regreso a sus lugares de origen.
El tráfico de vida silvestre, en particular de aves, aumentó en Brasil; también hubo un aumento en el tráfico de varias especies marinas en toda la región, pues los nuevos desempleados, cada vez en mayor número, trataron de compensar la pérdida de ingresos mediante esta actividad. Los traficantes mexicanos encontraron nuevas rutas y formas de conseguir drogas sintéticas procedentes de Asia, así como los precursores químicos para producirlas.
El robo de cigarrillos de contrabando aumentó en mercados como los de Chile y Perú, y bandas depredadoras comenzaron a cobrar extorsiones a los cambistas en Argentina. Los expendedores de drogas también se adaptaron a los nuevos tiempos, y comenzaron a trabajar en la entrega de alimentos a domicilio, haciéndose pasar por trabajadores de servicios esenciales, conduciendo ambulancias o utilizando las diversas redes sociales encriptadas para mantener sus negocios a flote. En Argentina, una banda criminal, cuyos líderes están en prisión, expandió sus operaciones ilegales de casinos con la ayuda de la policía local y con los ingresos de las extorsiones.
En Venezuela, un antiviral utilizado para tratar el coronavirus apareció en el mercado negro junto con alimentos de contrabando comprados en Brasil. En México, una serie de robos de medicamentos muy apetecidos avivó el temor de que las bandas de robo y reventa se estuvieran volviendo más sofisticadas y violentas. Al principio de la pandemia, las autoridades colombianas incautaron grandes cantidades de tratamientos farmacológicos contra el coronavirus. Y en Brasil, el robo de 15 mil kits de prueba demostró lo lucrativo que se ha vuelto el mercado de bienes médicos durante la pandemia.
Hubo una actividad criminal que sí creció particularmente: la ciberdelincuencia, que aumentó en toda la región y, sin duda, lo seguirá haciendo después de que se empiece a aplicar la vacuna, dado el acelerado cambio hacia las transacciones digitales y los servicios bancarios en línea.
“Los ciberdelincuentes están desarrollando y mejorando sus ataques a un ritmo alarmante, explotando la incertidumbre causada por la inestable situación social y económica causada por el coronavirus”, afirma Jurgen Stock, Secretario general de Interpol.
El robo de identidad, el fraude y el uso de sitios web de fraude electrónico (phishing) aumentaron durante el año. Además, se cree que el uso de comunicaciones cifradas y de la web oscura ha aumentado debido a que los encuentros en persona para cerrar acuerdos criminales se han vuelto cada vez más difíciles.
Estos mercados fueron aprovechados también por funcionarios corruptos. La Fiscalía General de la República de El Salvador está investigando al menos a seis funcionarios, entre ellos el ministro de Salud del país, por compras indebidas y órdenes de trabajo relacionadas con la pandemia. El Gobernador de Río de Janeiro supuestamente incurrió en sobrecostos por la construcción de hospitales de campaña.
Algunos proveedores de servicios médicos de Perú fueron arrestados por explotar el dolor de las personas, pues les cobraban para permitirles ver e identificar a sus parientes fallecidos, y hacían cobros extra, e ilegales, por la organización de servicios funerarios privados. Y las autoridades de Honduras están investigando la corrupción relacionada con una serie de compras de insumos para hacer frente al coronavirus, como hospitales móviles y kits de pruebas.
En medio de toda esta situación, la cooperación internacional, fundamental para enfrentar al crimen organizado, fue en gran parte absorbida por las crisis sanitarias y económicas. El Gobierno de Estados Unidos, que ya había perdido influencia debido al enfoque transaccional de la administración Trump frente a asuntos exteriores, estuvo particularmente ausente, enfocado en sus propios problemas con el coronavirus y en unas reñidas elecciones presidenciales.
Para los grupos criminales, el 2020 fue un año de sobrevivencia frente a la contracción económica, en el que aprovechó cualquier oportunidad que se presentara. Mediante la creación de nuevas rutas o nuevos mercados, los grupos criminales, como la mayoría, estuvieron buscando la manera de sobrevivir.
